Por alguna razón que no podemos comprender, las políticas públicas respecto del arbolado en la Ciudad de Buenos Aires son cuanto menos poco profesionales, se poda en cualquier fecha, se pone énfasis en luminarias y cámaras sin estudiar el impacto en la estabilidad de las especies, se mutila árboles sin justificación, se permite a vecinos tapar planteros a pesar de eso estar contra la ley, se planta de modo espasmódico sin hacer un seguimiento de cuidado para aumentar el éxito de cada programa que sabemos que requiere de una inversión.
Y abramos acá un paréntesis porque esto explica todo: Cuando decimos que la gestión de gobierno es ineficiente hay un porqué, el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires que gobierna hace 17 años instauró en casi toda la pequeña obra pública –que no tiene licitación- un sistema de tercerización de la gestión con empresas que a su vez ponen contratistas y es difícil rastrear quienes son realmente los receptores del dinero público. Se sospecha que este sistema de “cajas” como ellos mismos las llaman cuando se refieren a otros, favorecería a funcionarios, familiares o prestanombres de los mismos. Así es que todo escapa de control y por ejemplo sabemos que las baldosas de las veredas que arreglan se van a despegar antes del año porque están pegadas con cemento rebajado con tierra y bueno… Por eso no hacen subtes, obras importantes de infraestructura son fuertemente auditadas.
Volvamos a los árboles: La Av. Avellaneda por ejemplo, en nuestro barrio ha sufrido la extracción de ejemplares por parte de los dueños de locales y galerías para que no les tapen los frentes.
Hay montañas de irregularidades privadas y de funcionarios públicos porque no se le da importancia al tema más que para el márketing. En la Plaza Che Guevara de Ramón Falcón y Benedetti cuando la intervinieron a fines de 2023, cortaron raíces de las especies sanas de las veredas de la esquina para hacer un canil que casi nadie usa y nadie pidió y a la primera tormenta fuerte hace exactamente un año, en febrero de 2024, un árbol sano y hermoso se vino abajo y otros dos similares debieron ser removidos porque los arruinaron. ¿Qué molestaban las raíces en un canil? Pura improvisación.


El caso es que a fines del año pasado la asociación proteccionista “Basta de Mutilar nuestro Árboles” dio a conocer una nueva resolución del juez Guillermo M. Scheibler, quien confirmó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) sigue incumpliendo tanto la ley 3263 como la sentencia dictada el 24 de febrero de 2021 en el expediente “HERAS, Claudia c/GCBA s/ Amparo Ambiental” acumulado al expediente “FLORES, Virginia c/GCBA s/Amparo Ambiental”, que lo obligan a transparentar su accionar, justificando y anticipando a la ciudadanía sus acciones y garantizando personal idóneo para llevarlas a cabo. Nuevo plazo y alto riesgo de multa millonaria para la gestión oficial.
En una batalla judicial sin tregua desde 2017, la Justicia porteña continúa dándole la razón a la ciudadanía preocupada por el tratamiento que el Gobierno le aplica al arbolado: el 13 de diciembre de 2024 reiteró que sigue sin cumplir con la ley que se ocupa del tema, la 3263, así como la sentencia de febrero de 2021 que dio por probado su accionar ilegal. Y le ha fijado un último plazo antes de aplicar multas.
En la nueva resolución de Guillermo Scheibler, a raíz de la primera presentación encabezada por Claudia Heras en 2017, el juez plasmó en un escrito todos los puntos en los que queda demostrado que la gestión del GCABA opera apartándose tanto del marco legal como de los fallos al respecto. Si bien el Gobierno creó un sitio web público llamado Arbopedia en un intento de cumplimentar con el principio de transparencia que se le viene exigiendo, Scheibler remarcó con ejemplos la cantidad de inconsistencias, datos incompletos y extemporáneos con los que cuenta la página, que no cumple con su función de informar a los vecinos en tiempo y forma tanto del estado de cada ejemplar, como las intervenciones a las que fue y será sometido.
Otro punto álgido es el de la capacitación del personal operativo, que debe contar con procedimientos de certificación, actualización y publicación, premisa que el GCBA continúa desoyendo.
Después de establecer que por cada día de persistencia en los incumplimientos la multa final a abonar ascendería a 50 mil pesos diarios, la nueva resolución aumenta el castigo diario a 100 mil pesos, con un último plazo de 60 días hábiles que finalizarán en abril de 2025. En ese momento, ante cualquier ítem aún desoído, se hará efectivo su cobro de manera automática.
Estos son los puntos de la sentencia sobre arbolado que sigue sin cumplir el Gobierno porteño:
Que implemente un sistema informático de acceso libre, gratuito y público que contemple la totalidad de las acciones correspondientes a la gestión del arbolado público, permita seguir la trazabilidad de cada uno de los ejemplares y posibilite a la ciudadanía controlar y verificar en tiempo real el cumplimiento de las previsiones de los artículos 10, 11 y 12 de la ley 3263 (evaluación técnica previa a intervención y personal habilitado, capacitado y evaluado para realizarla).
Que unifique o reglamente pautas comunes para el cumplimiento de las previsiones de los artículos 10, 11 y 12 de la ley 3263.
Que actualice, complete y publique en la página oficial de internet de modo fácilmente accesible el censo arbóreo informatizado.
Que instrumente las medidas necesarias para dar cumplimiento —de modo público y verificable por la ciudadanía— a los requisitos de capacitación, evaluación y certificación de la idoneidad del personal involucrado en la gestión del arbolado urbano previstos en los artículos 10 y 11 de la ley 3263.
Fuentes: información propia y de @BastadeMutilar